Contraloría revisó el uso de más de $533 millones del Royalty Minero que fueron invertidos en Educación para cubrir deudas existentes. Tras analizar todos los antecedentes, el organismo concluyó lo siguiente:

1. No hubo irregularidades

El municipio puede usar estos recursos de libre disposición para Educación, siempre dentro de sus funciones legales.

2. El uso fue completamente legal

La transferencia fue aprobada por el Concejo Municipal y cumple con la Ley Orgánica de Municipalidades y las normas financieras del Estado.

3. El Royalty Minero no tiene un destino obligatorio

La ley no exige un fin único para estos fondos, por lo que destinarlos a Educación es totalmente válido.

4. Solo se recuerda mantener el principio de legalidad

Contraloría recalca que todos los recursos deben usarse dentro de las atribuciones municipales.

Conclusión en simple:

El Municipio de Loncoche actuó correctamente. No hubo mal uso, no hubo irregularidades y no hubo vulneración de la ley al invertir los fondos del Royalty Minero en Educación.

El alcalde Alexis Pineda destacó que estos recursos del Royalty Minero fueron invertidos directamente en Educación, evitando así tener que usar el presupuesto municipal, como sí ha ocurrido en el 90% de los municipios del país.

Subrayó que, en un contexto como el actual, invertir en educación es la mejor decisión para asegurar el presente y el futuro, ya que “cuando se habla de educación, más que criticar, hay que ejecutar acciones”.

Añadió que la decisión de destinar estos fondos a un área tan sensible “además de ser completamente legal, según lo ratificado por Contraloría, es lo correcto, porque apostar por nuestros niños y jóvenes es apostar por el desarrollo de la comuna y del país”.

Asimismo, recordó que esta inversión fue posible gracias al apoyo y la aprobación de los concejales Véjar, Cuitiño y Matus, quienes respaldaron que estos recursos llegaran directamente a fortalecer la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes.